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Carlos Verona posa para el equipo en la pretemporada 2026 ©Lidl Trek
Redacción / Ciclo21
El ciclista madrileño Carlos Verona ha hecho pública una carta dirigida a la opinión pública, a los profesionales residentes en Andorra y a la Federación Andorrana de Ciclismo para desmentir que haya denunciado al organismo ante la Unión Ciclista Internacional (UCI). “Quiero ser muy claro: Carlos Verona no ha denunciado a la Federación Andorrana de Ciclismo ante la UCI en ningún momento”, afirma de forma tajante. El corredor explica que la intervención del organismo internacional se produjo tras una inquietud generalizada trasladada por varios ciclistas a través de la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA, por sus siglas en francés), y recalca que no actuó “en solitario ni en contra de nadie”.
En su escrito, Verona detalla el origen del conflicto tras las elecciones federativas de 2024, cuando apoyó la candidatura de la actual presidenta con el objetivo de acercar la federación al más de un centenar de profesionales residentes en el país. “Empezamos con ilusión”, señala, recordando que propuso perfiles técnicos, colaboró en el proyecto de un velódromo nacional y promovió una mayor transparencia presupuestaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, admite que echó “en falta la transparencia prometida” y que su papel como supuesto representante de los corredores “no tuvo continuidad real”.
El detonante fue la sustitución del aval bancario exigido en caso de positivos por dopaje por un depósito obligatorio de 8.040 euros, a devolver tres años después de abandonar el país o retirarse. Verona considera la medida “desproporcionada y, sobre todo, mal gestionada desde el principio hasta el final”. Además, lamenta haberse enterado de la decisión por la prensa: “Enterarme por la prensa fue, para mí, un acto de profunda deslealtad institucional”. Aunque reconoce que varios casos positivos pueden suponer un riesgo financiero para una federación pequeña, subraya que exigir de forma inmediata esa cantidad “supone una carga muy difícil de asumir para muchos” ciclistas jóvenes con salarios modestos.
Tras conocer que la UCI permitía provisionalmente tramitar la licencia en el país de origen, el corredor decidió hacerlo en España “por coherencia personal y como rechazo a las formas empleadas”, pese a que asegura tener la capacidad económica para afrontar el depósito. “Considero que el daño reputacional causado al ciclismo andorrano y a mi propia imagen ha sido grave”, sostiene. Pese a su decepción, concluye reafirmando su compromiso con el país: “Andorra es para mí mucho más que un país de residencia. Es mi hogar. Y el ciclismo no es solo mi profesión: es mi vida”, y expresa su deseo de que en el futuro la federación esté “a la altura del nivel deportivo y humano que tiene el ciclismo en Andorra”.
