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La Fundación ADO Moure, a través del siguiente comunicado, respalda una iniciativa legislativa popular para que los perjudicados vuelvan a estar protegidos por el Código Penal. La campaña, iniciada por Anna González López, pretende recoger las firmas necesarias que avalen una Iniciativa Legislativa Popular para que las víctimas de los accidentes de tráfico vuelvan a estar amparadas por la legislación penal.
Desde el pasado 1 de julio de 2015, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, nos encontramos con un cambio sustancial en la tramitación judicial de las causas que tratan lesiones o muertes provocadas en las carreteras, dejando desamparadas a las víctimas.
De este modo, y con la supresión de los “Juicios de Faltas”, desaparece la posibilidad de poder reclamar tales indemnizaciones a través de la vía penal, eso sí, puntualizan que la despenalización se dirige para aquellos accidentes de tráfico cuya magnitud o alcance de las lesiones no conlleve un reproche penal.
Y en este punto debemos entrar a valorar qué accidentes de tráfico pueden ser imputables penalmente y cuáles no; qué lesionados tendrán el derecho de presentar denuncia y reclamar sus lesiones por un delito leve, y a cuáles se les dirigirá hacia el ámbito civil.
Pues bien, a pesar de que en la teoría se nos muestra que se tramitará por vía penal aquellos accidentes de tráfico con resultado de víctimas con lesiones que se consideren graves y aquellos causados por imprudencia grave o menos grave, en la práctica no es así. Y aquí nos encontramos con la cuestión primordial: ¿Quién valora si una lesión es grave o leve?, ¿Quién gradúa si la imprudencia es grave, menos grave o leve? Pues, evidentemente, el cascabel al gato se lo pone el Juzgado, que con el ánimo con el que se ha creado esta reforma tan bien recibida por todos ellos, de facilitar una disminución relevante de asuntos menores (así lo cataloga la exposición de motivos), da un carpetazo y cerrojo a todos aquellos procedimientos que se apertura en su Juzgado de Instrucción por unas lesiones de tráfico, poniendo la ya tan usual etiqueta de “Sobreimiento libre y archivo”, y váyase usted a la vía civil si quiere reclamar, sin ni siquiera entrar a valorar el contenido del Atestado instruido o del correspondiente parte de lesiones que determina la entidad de las mismas.
Y ahora viene aquí el verdadero problema en el que se encuentra el ciudadano, la víctima de un accidente de tráfico, que anteriormente tras sufrir un accidente recibía una notificación del Juzgado donde se le permitía presentar una denuncia y gozar de forma gratuita de los conocimientos de un médico forense que, mejor o peor, iba a valorar los parámetros de sanidad que le correspondía reclamar en aplicación del baremo legal vigente.
Pero sin embargo, ahora, con ese fin de liberar a los Juzgados Instructores de “asuntos menores”, dejan desamparada a la víctima, le exigen que para reclamar hay que valorar, y para ello tiene que pagar de su bolsillo a un médico particular, no pudiendo ya beneficiarse de la gratuidad del médico forense, y le obligan a presentarse ante una Juez de 1ª Instancia al cual se le presentarán 2 informes médicos privados, que con toda seguridad carecerán de la imparcialidad debida que establecía el garante médico forense.
Y no solo queda aquí la problemática suscitada con esta reforma, sino que habrá víctimas de accidentes que no podrán pagar a un médico privado para que les valore y cuantifique qué indemnización les corresponde, y aquí la aseguradora gozará de privilegio, adquiriendo una postura notoriamente superior, amparándose en los parámetros del Informe de su médico, y dejando sometida a la víctima a acogerse forzosamente a su oferta indemnizatoria.
Y ante esta situación, como resulta evidente, la balanza de la Justicia se inclina para el lado contrario del más desfavorecido. Ante esta situación en la que nos encontramos actualmente, la Fundación ADO Moure Pro Deporte se ha unido a la campaña que ha iniciado Anna González López para recoger las firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular, para modificar las condiciones actuales en las que quedan las víctimas de accidentes de tráfico y vuelvan a estar protegidas por la legislación penal.
