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Van den Driessche se enfrenta a una sanción de por vida / ©Sporza
La próxima semana la tristemente famosa Femke Van den Driessche, una chica de 19 años que antes del sábado día 30 de enero era una perfecta desconocida para el 90% de los aficionados al ciclismo y para la totalidad de aquellos que no siguen el día a día del deporte del pedal, deberá de viajar hasta Aigle (Suiza) para ser sometida, en la sede de la Unión Ciclista Internacional (UCI), al proceso en el que se determinará la sanción que se le imponga tras el también tristemente famoso caso de fraude tecnológico bautizado como motorgate.
Como todo el mundo sabe a estas alturas, poco después de terminar la prueba Sub-23 femenina del mundial de ciclocross de Zolder –carrera de la que Van den Driessche se retiró–, se confirmó el hallazgo de un motor oculto en una de sus bicicletas. La corredora siempre ha asegurado que esa bicicleta no era suya, sino de un amigo que la acompañaba a las carreras. Por ese motivo, aseguró desde el principio, ni usó ni tenía intención de usar esa bicicleta en el mundial ni en ninguna otra carrera. Sin embargo, las dudas siguen siendo enormes y, sobre todo, nadie se explica cómo pudo aparecer esa bicicleta junto al resto de las que Van den Driessche sí había usado.
No le ha ayudado mucho a la joven corredora belga el hecho de que su padre y su hermano tengan un pasado –y presente– bastante turbulento y con problemas relativamente serios con la justicia que incluyen, además del pintoresco caso del robo de pájaros, importantes deudas.
Solventadas ya las dudas legales que se cernieron sobre el caso, el affaire entra en su recta final. La corredora viajará a Suiza con su abogado para defender su postura, pero sabiendo que la UCI sigue manteniendo su dura posición contra ella y pedirá la sanción de por vida así como una multa de cerca de 50.000 euros. Una petición que, sin entrar a valorar si es merecida o no, sorprende dentro del historial del organismo mundial por su extrema dureza. Tanto es así que el abogado de Van den Driessche ya duda sobre la limpieza del proceso y dice que “sólo queremos tener un juicio justo, no una farsa”.
Kristof De Saedeleer, abogado de la corredora, reflexionaba que “esperábamos que la petición [de la UCI] fuera más allá de la sanción mínima prevista de seis meses, pero pensamos que una sanción de por vida es algo muy extremo. Sabiendo que por el consumo de EPO se puede recibir una sanción máxima de cuatro años, nos parece, en comparación, muy dura esta petición. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de una primera infracción” por parte de la corredora.
El presidente de la UCI, Brian Cookson, ya anunció recientemente que desde el organismo que él preside “esperamos y deseamos que la sanción sea lo más dura posible”, aunque añadió que desde su punto de vista “en este caso, la corredora no debería de ser la única que reciba una sanción” en una clara alusión a lo que todo el mundo da por hecho: ni ella ni su entorno más directo tenían la capacidad económica ni logística para haber realizado este fraude en solitario. Lo que sorprende en este caso es cómo la UCI se ha alineado con todos aquellos que desde el primer momento –y hablando sin reflexionar primero– han solicitado para ella una sanción de por vida sin pararse a pensar antes en la opción de ofrecerle, como se le ha ofrecido a los ‘cazados’ en casos de dopaje tradicional, la posibilidad de reducir su pena a cambio de facilitar información que ayude a saber quién está verdaderamente detrás de este primer fraude detectado. El propio Eddy Merckx, que durante las primeras horas se erigió como el gran adalid y máximo portavoz de los que pedían una dureza inaudita contra Van den Driessche, ya ha reconocido que ofrecerle las ventajas de la ‘Comisión de la Verdad’ a la corredora podría no ser una idea tan mala en el empeño por saber lo máximo posible sobre este nuevo peligro que se cierne sobre la limpieza del ciclismo.
