Ciclo21 Portal de ciclismo
Fundación ADO Moure
A finales del año 2014 los medios decomunicación se hacían eco de la siguientenoticia,“Guardias civiles camuflados de ciclistas para multar a los conductores …”, noticia que poco después fue desmentida por la DGT.
Esta supuesta noticia nació como consecuencia de la altísima siniestralidad que ha padecido el colectivo ciclista desde hace muchos años, pero ahora debido a que un mayor número de ciudadanos utilizan la bicicleta se ha visto incrementada y, para este colectivo, su uso se ha convertido en un factor de riesgo elevado y peligroso para su vida e integridad física, resaltando incluso que un número importante de usuarios son niños y menores de edad
Solamente tenemos que ver las estadísticas de siniestralidad, para entender que había que hacer algo para intentar mejorar la seguridad de nuestro colectivo.
Bajo estas premisas, la fundación que represento comenzó a trabajar en el desarrollo de una herramienta que nos ayudase a utilizar la bici con un mayor grado de seguridad.
A primeros de marzo de 2015, mantuvimos una reunión en Madrid con el Director de Normativa de la DGT donde le presentamos el proyecto desarrollado, que consiste en que cualquier ciclista pueda incorporar en su bici una cámara de video para grabar sus recorridos, y si en las rutas realizadas se produce (sufren) algún tipo de posible infracción al código de circulación, por parte de algún automóvil, poder poner a disposición del órgano competente, en este caso la DGT, las imágenes grabadas como prueba para que, en caso de ser constitutiva de infracción, ésta incoe eÏ procedimiento ’sancionador que corresponda
Igualmente, esta herramienta sería de vital importancia y de un valor incalculable para grabar conductas incluso delictivas, como son la gran cantidad de atropellos con fuga del vehículo implicado (Omisión del Deber de Socorro), al objeto de que pudiera ser identificado y aportar como prueba la grabación para averiguar el grado de responsabilidad tanto del conductorcomo del ciclista.
Todos conocemos que cada día se dan miles de situaciones extremadamente peligrosas incluso muchas para ser incluidas dentro del calificativo de “violencia vial” merecedoras de reproche penal pero que quedan impunes porque no son observadas por los cuerpos de seguridad del estado y al no haber un daño físico sobre la víctima (adelantamientos a menos de 1,5 m, (conatos de atropello, conducción temeraria, etc.).
La persona agredida, aún sin daño físico, queda marcada por la situación vivida y por la sensación de impotencia.
Esta impotencia se debe a lo opaco que es el procedimiento administrativo en vigor para denunciar la agresión sufrida.
Porque el denunciante voluntario nunca obtiene información sobre el resultado de su denuncia, por lo que, aunque ésta haya prosperado y el agresor haya sido sancionado, para el agredido es como si su denuncia no hubiera servido para nada.
El desarrollo tecnológico permite a cualquiera que tenga una cámara, obtener fotos o grabaciones en vídeo, esto SUPONE un gran avance en la seguridad vial, ya que cualquier posible infractor se expone a ser grabado y denunciado con la misma agilidad que si fuera observado por los cuerpos de seguridad del estado.
Desde el AÑO 2015 llevamos solicitando Y PIDIENDO CASI HASTA LA SÚPLICA UNA SIMPLE colaboración a entidades públicas y privadas con competencia y relacionadas en seguridad vial, PARA REDUCIR EL NÚMERO DE CICLISTAS Y PEATONES MUERTOS O HERIDOS GRAVES EN CARRETERA.
Hemos insistido una y otra vez hasta el hartazgo pero lo cierto es que han declinado colaborar con nosotros durante todos estos años, incluso algunas asociaciones entre ellas la Real Federación Española de Ciclismo han llegado a poner en cuestión públicamente la legalidad y la idoneidad del procedimiento puesto en marcha por esta Fundación a través del portal de denuncias voluntarias
– Si se niega la presencia de los interesados en el procedimiento, distintos del imputado, la obligación legal de la Administración de perseguir las infracciones cometidas carecería de virtualidad práctica, pues su cumplimiento quedaría exento de todo control por parte de sujetos capaces de exigir su plena observancia, vulnerándose el principio de legalidad en cuanto impediría controlar el ejercicio arbitrario de la potestad sancionadora de la Administración.
– La tutela de los intereses legítimos, contemplada en el art. 24 CE debe permitir una intervención en el procedimiento sancionador de interesado distintos del presunto infractor, como los perjudicados por el acto antijurídico o aquellos otros a los que la sanción puede reportar algún beneficio, aunque sea de carácter moral. Desde esta perspectiva el denunciante afectado por los efectos derivados de la infracción administrativa tendrá también interés en que la conducta ilícita cuyas consecuencias ha padecido merezca una sanción adecuada «digna» de ser considerada, a su entender, como jurídicamente correcta.
-En la actualidad es necesario integrar el régimen jurídico del denunciante en el marco de un pacto de colaboración entre los ciudadanos y la Administración pública, dirigido a conseguir el máximo respeto posible por la legalidad. Y la propia finalidad de las sanciones, que como la de la pena, se encuentra en la prevención general y especial, por lo que no se entiende que un perjudicado por la actuación de un profesional no pueda exigir ante los tribunales de justicia que se le imponga una sanción mayor que aquella con la que ha sido corregido,al pretender con la representación de la conducta sea proporcionada a la gravedad de la infracción.
Pese a esta negativa y por todo ello esta Fundación seguirá trabajando e insistiendo en la defensa del uso seguro de la bicicleta y para poder caminar más tranquilos, utilizando la denuncia contra la «VIOLENCIA VIAL “como un medio de defensa. Por ello hemos interpuesto hoy esta demanda en el contencioso administrativo de Ourense
Tambien desde hoy abrimos un canal en Yotube de adelantamiento reprobables sufridos en el dia a dia por ciclistas
https://denuncias.fundacionadomoure.com
