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Lappartient en una imagen de archivo © UCI
Redacción / Ciclo21
19 marzo
La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha puesto fin al conflicto administrativo entre la Federación Andorrana de Ciclisme (FAC) y el colectivo de corredores profesionales instalados en el Principado al respaldar la normativa local sobre las licencias. El organismo internacional ha ratificado que cualquier ciclista debe tramitar su permiso federativo en su país de residencia efectiva, invalidando así los intentos de algunos corredores de obtener su ficha en sus naciones de origen para evitar las nuevas tasas andorranas. Esta controversia escaló tras la decisión de la FAC de elevar el precio de la licencia hasta los 1.500 euros con el fin de crear un fondo para sufragar los gastos de posibles procesos de dopaje, una medida que generó duras críticas por parte de figuras como Carlos Verona, integrante del equipo Lidl, quien denunció públicamente una supuesta falta de transparencia en la gestión federativa.
A través de un comunicado oficial firmado por su presidente, David Lappartient, la UCI ha confirmado que las licencias expedidas bajo este nuevo marco para la temporada 2026 son totalmente válidas y que la soberanía nacional para fijar estos reglamentos es incuestionable. Lappartient ha sido tajante al señalar que «la exigencia de que las licencias sean expedidas por la federación nacional del lugar de residencia no se cuestiona actualmente y se mantiene aplicable», descartando el criterio de residencia fiscal como alternativa válida. De este modo, la federación presidida por Carolina Poussier recibe el aval jurídico necesario para obligar a la decena de profesionales detectados que aún operaban con fichas extranjeras a regularizar su situación, reafirmando que «consideramos que el concepto de residencia principal es mucho más adecuado y permite cubrir las diferentes situaciones que se pueden presentar».
Carlos Verona posa para el equipo en la pretemporada 2026 ©Lidl Trek
4 marzo
El ciclista madrileño Carlos Verona ha hecho pública una carta dirigida a la opinión pública, a los profesionales residentes en Andorra y a la Federación Andorrana de Ciclismo para desmentir que haya denunciado al organismo ante la Unión Ciclista Internacional (UCI). “Quiero ser muy claro: Carlos Verona no ha denunciado a la Federación Andorrana de Ciclismo ante la UCI en ningún momento”, afirma de forma tajante. El corredor explica que la intervención del organismo internacional se produjo tras una inquietud generalizada trasladada por varios ciclistas a través de la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA, por sus siglas en francés), y recalca que no actuó “en solitario ni en contra de nadie”.
En su escrito, Verona detalla el origen del conflicto tras las elecciones federativas de 2024, cuando apoyó la candidatura de la actual presidenta con el objetivo de acercar la federación al más de un centenar de profesionales residentes en el país. “Empezamos con ilusión”, señala, recordando que propuso perfiles técnicos, colaboró en el proyecto de un velódromo nacional y promovió una mayor transparencia presupuestaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, admite que echó “en falta la transparencia prometida” y que su papel como supuesto representante de los corredores “no tuvo continuidad real”.
El detonante fue la sustitución del aval bancario exigido en caso de positivos por dopaje por un depósito obligatorio de 8.040 euros, a devolver tres años después de abandonar el país o retirarse. Verona considera la medida “desproporcionada y, sobre todo, mal gestionada desde el principio hasta el final”. Además, lamenta haberse enterado de la decisión por la prensa: “Enterarme por la prensa fue, para mí, un acto de profunda deslealtad institucional”. Aunque reconoce que varios casos positivos pueden suponer un riesgo financiero para una federación pequeña, subraya que exigir de forma inmediata esa cantidad “supone una carga muy difícil de asumir para muchos” ciclistas jóvenes con salarios modestos.
Tras conocer que la UCI permitía provisionalmente tramitar la licencia en el país de origen, el corredor decidió hacerlo en España “por coherencia personal y como rechazo a las formas empleadas”, pese a que asegura tener la capacidad económica para afrontar el depósito. “Considero que el daño reputacional causado al ciclismo andorrano y a mi propia imagen ha sido grave”, sostiene. Pese a su decepción, concluye reafirmando su compromiso con el país: “Andorra es para mí mucho más que un país de residencia. Es mi hogar. Y el ciclismo no es solo mi profesión: es mi vida”, y expresa su deseo de que en el futuro la federación esté “a la altura del nivel deportivo y humano que tiene el ciclismo en Andorra”.
